Durante 30 días los diferentes sectores agrarios y populares que han nutrido con su lucha social las Jornadas Nacionales de Protestas y Paros Indefinidos, se han movilizado en diversas departamentos y regiones del territorio nacional exigiendo permanentemente condiciones de igualdad social pese a la implementación de la maquinaria de guerra y muerte contra el pueblo colombiano a través del Esmad, la Policía, el Ejército Nacional y agentes de civil, señalando, deteniendo arbitrariamente, persiguiendo y asesinando a miles de manifestantes y sus principales dirigentes.

1. LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS DE LA
MESA NACIONAL AGROPECUARIA Y POPULAR DE
INTERLOCUCIÓN Y ACUERDOS – MIA
COMUNICADO PÚBLICO 003: BALANCE SOBRE LA SITUACIÓN
DE DERECHOS HUMANOS A 30 DIAS DEL PARO AGRARIO Y
POPULAR
Durante 30 días los diferentes sectores agrarios y populares que
han nutrido con su lucha social las Jornadas Nacionales de
Protestas y Paros Indefinidos, se han movilizado en diversas
departamentos y regiones del territorio nacional exigiendo
permanentemente condiciones de igualdad social pese a la
implementación de la maquinaria de guerra y muerte contra el
pueblo colombiano a través del Esmad, la Policía, el Ejército Nacional
y agentes de civil, señalando, deteniendo arbitrariamente,
persiguiendo y asesinando a miles de manifestantes y sus
principales dirigentes.
En el marco de los diálogos establecidos el día 8 de Septiembre en la
ciudad de Popayán, entre los voceros de la Mesa Nacional
Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo MIA y el Gobierno
Nacional representado en el vicepresidente de la República y los
gobernadores de los departamentos del Cauca, Nariño, Putumayo,
Guaviare, Meta, Tolima y Huila, los campesinos y campesinas,
indígenas y afrodescendientes movilizados hace más de cuatro
semanas, hemos hecho un llamado a la comunidad en general para
acompañar de manera activa las jornadas de movilización y paro que
se mantienen en diversas regiones del país como respaldo a la
instalación de la Mesa Nacional. Pese a la voluntad de los sectores
populares y los gestos de buena voluntad para dar curso a los
primeros acuerdos con el gobierno nacional y en consecuencia, a los

2. desbloqueos de vías constatados por la ONU, la persecución y
señalamiento contra las organizaciones sociales y populares que han
convocado el Paro Nacional Agrario y Popular se ha materializado en
una grave crisis en materia de derechos humanos que se agudizó a
comienzos del mes de septiembre y cuyos puntos más críticos se
evidenciaron en los departamentos de Tolima, Huila, Nariño Cauca y
Meta, lo cual se refleja en los siguientes hechos:
· 840 casos de violaciones a los derechos humanos
individuales y colectivos en todo el país
· Más de 600 casos de detenciones arbitrarias
· Aproximadamente 100 personas judicializadas en
departamentos como Cundinamarca, Boyacá, Putumayo, Meta,
Tolima, Huila, Cauca, Nariño y Caquetá
· 485 personas heridas
· 21 personas heridas con arma de fuego
· 62 casos de hostigamientos y amenazas contra los
manifestantes y líderes sociales
· 58 casos de agresiones contra población infantil
· 4 personas desaparecidas
· 55 casos de ataques indiscriminados a la población civil en
diferentes departamentos del país
Como resultado de la criminalización de la protesta social y el uso
desproporcionado de la fuerza, vale la pena hacer mención una vez
más a la pérdida de 12 vidas humanas a causa de impacto de
arma de fuego, entre las que se encuentran las siguientes personas:
JUAN CARLOS LEÓN ACOSTA asesinado el 26 de agosto en el
municipio de Fusagasugá, JOHNY VELASCO GALVIS, asesinado el 29
de agosto en la localidad de Suba – Bogotá, CRISTIAN DELGADO
asesinado en la localidad de Engativá en la misma fecha, HEINER
MOSQUERA asesinado en el municipio de Coyaima – corregimiento de
Castilla – Tolima el 29 de agosto y UN MENOR DE EDAD DE 15
AÑOS, cuya identidad aún no ha podido ser precisada en el municipio
de Rionegro – Antioquia. En el transcurso de la primera semana del
mes de septiembre, perdieron la vida los jóvenes campesinos
VICTOR ALFONSO ORTEGA quien falleció en la ciudad de Popayán
luego de ser trasladado desde el municipio de Mercaderes a causa de
una herida por impacto de arma de fuego y JOSE LUIS ENRIQUEZ,
asesinado en el municipio de Leiva – Nariño, luego de la arremetida
de la fuerza pública que se prolongó durante las horas de la tarde y
la noche del pasado 5 de septiembre. Finalmente el 7 de septiembre
en horas de la tarde se tuvo conocimiento del asesinato del joven
JHON ALEXANDER VALENCIA, de 18 años, miembro de ASOMINUMA,
cuyo cuerpo fue encontrado en la vereda San Lorenzo – Rio Nulpe,
quien fue asesinado en circunstancias aún por precisar.

3. Como parte de la persecución estatal y paraestatal contra los lideres
agrarios y populares, en el curso de los últimos días se han
incrementado los señalamientos, seguimientos, y los ataques
indiscriminados contra los manifestantes en varios departamentos del
país.
Particularmente, denunciamos los hechos ocurridos contra las
comunidades campesinas, indígenas y populares de los
departamentos de Caquetá y Putumayo, donde se han incrementado
sustancialmente las batidas militares y el reclutamiento de menores
de edad en municipios como Florencia y Puerto Asís, donde el día 12
de Septiembre de 2013, en momentos que se realizaban actividades
propias de la jornada de protesta dentro del Paro Nacional Agrario,
fueron retenidos cerca de 150 integrantes de las comunidades
Campesinas, Indígenas y desplazados, sin tener en cuenta que
muchos de estos son hijos únicos y padres de familia, por miembros
del Ejército Nacional y posteriormente fueron conducidos hasta las
instalaciones del Batallón de artillería No. 27 “GRAL. LUIS ERNESTO
ORDOÑEZ CASTILLO”, cuyo comandante es el señor Teniente Coronel
LUIS FERNANDO MENDOZA FLORES donde permanecieron hasta el
día 17 de septiembre de 2013, siendo trasladados hacia el Municipio
de Villa garzón – Putumayo, bajo la orden de ser reclutados para
prestar el servicio militar de forma obligatoria sin que les de otra
opción de definir su situación militar distinta al reclutamiento.
De igual manera, denunciamos ante la opinión pública los hechos
ocurridos el miércoles 10 de septiembre de 2013 en la ciudad de
Bogotá, donde por medio electrónico fueron proferidas amenazas de
muerte y señalamientos, por parte del grupo paramilitar LOS
RASTROJOS, que ponen en riesgo inminente la vida, la seguridad e
integridad personal de dirigentes sociales, la JUNTA PATRIÓTICA
NACIONAL y demás miembros del Movimiento Político y Social Marcha
Patriótica, cuyas bases sociales se han sumado a la MIA y las
jornadas nacionales de protesta y paros indefinidos.
Estas acciones ponen de manifiesto la grave crisis humanitaria que
vive el país, caracterizada por la agudización de las violaciones a los
derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario por parte
de la fuerza pública y los grupos paramilitares en todo el territorio
nacional.
Llamamos a la solidaridad de todas las organizaciones defensoras de
Derechos Humanos de carácter nacional e internacional a rechazar las
graves violaciones a los derechos humanos que desde los días previos
al Paro Nacional Agrario y Popular, se han presentado contra los
miles de manifestantes que desde el 19 de agosto se encuentran en
las diferentes regiones del país ejerciendo el legitimo derecho a la

4. protesta social y exigimos que cese la criminalización contra las
iniciativas de movilización de los sectores populares.
FRENTE A LA ACTUAL SITUACIÓN DE SOSOBRA Y TEMOR
FUNDADO SOBRE LOS MANIFESTANTES EN DIFERENTES
DEPARTAMENTOS DEL PAIS.
RESPONSABILIZAMOS
Al Estado Colombiano en cabeza del señor JUAN MANUEL SANTOS
CALDERON, por las violaciones al Derecho Internacional de los
Derechos Humanos (DIDH) y las infracciones al Derecho
Internacional Humanitario cometidas por integrantes de las fuerzas
regulares e irregulares del Estado colombiano en la zona de
operaciones de las unidades regulares (Militares, Policiales) e
irregulares (personas de civil) que dirigen.
EXIGIMOS
Responsabilidad estatal frente a los derechos a la vida, la seguridad
personal, la integridad física y psicológica, la intimidad personal,
familiar y de su hogar, a la honra y reputación y a la libre movilidad
de los participantes de la JORNADA NACIONAL DE PROTESTA Y
PAROS INDEFINIDOS que se están viendo afectados por la acción
arbitraria de las fuerzas regulares del Estado Colombiano.
AL ESTADO COLOMBIANO
· El inmediato cumplimiento de las reiteradas recomendaciones que
sobre el respeto y acatamiento del Derecho Internacional de los
Derechos Humanos ha formulado la Comisión de Derechos Humanos
de las Naciones Unidas, La comisión Interamericana de Derechos
Humanos de la OEA y demás organismos internacionales.
· Adelantar las medidas necesarias para lograr garantizar los
derechos a la vida, la seguridad personal, la integridad física y
psicológica, la intimidad personal, familiar y de su hogar, a la honra y
reputación y a la libre movilidad de los participantes de la JORNADA
NACIONAL DE PROTESTA Y PAROS INDEFINIDOS que se están viendo
afectados por la acción arbitraria del Estado Colombiano.
· Desarrollar las acciones legales necesarias para determinar las
responsabilidades colectivas e individuales por las violaciones al
Derecho Internacional de los Derechos Humanos y las infracciones al
Derecho Internacional Humanitario, consagrados en los hechos de
esta Denuncia Pública.
A LAS GOBERNACIONES DE LOS DEPARTAMENTOS DE
BOYACÁ, CUNDINAMARCA, META, GUAVIARE, CAQUETA,
HUILA, TOLIMA, VALLE, CAUCA, NARIÑO, ANTIOQUIA

5. · Adelantar las medidas necesarias para lograr garantizar los
derechos a la vida, la seguridad personal, la integridad física y
psicológica, la intimidad personal, familiar y de su hogar, a la honra y
reputación y a la libre movilidad de los participantes de la JORNADA
NACIONAL DE PROTESTA Y PAROS INDEFINIDOS que se están viendo
afectados por la acción arbitraria del Estado Colombiano.
· Desarrollar las acciones legales necesarias para determinar las
responsabilidades colectivas e individuales por las violaciones al
Derecho Internacional de los Derechos Humanos y las infracciones al
Derecho Internacional Humanitario, consagrados en los hechos de
esta Denuncia Pública.
A LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO
· Cumplir con su papel institucional de velar por la garantía y el
respeto a los derechos constitucionales a la vida, la seguridad
personal, la integridad física y psicológica, la intimidad personal,
familiar y de su hogar, a la honra y reputación y a la libre movilidad
de los participantes de la JORNADA NACIONAL DE PROTESTA Y
PAROS INDEFINIDOS que se están viendo afectados por la acción
arbitraria del Estado Colombiano.
· Desarrollar las acciones legales necesarias para determinar las
responsabilidades colectivas e individuales por las violaciones al
Derecho Internacional de los Derechos Humanos y las infracciones al
Derecho Internacional Humanitario, consagrados en los hechos de
esta Denuncia Pública.
SOLICITAMOS
A LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES
UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS (OACNUDH)
· En el marco del cumplimiento de su mandato, prestar toda su
gestión para que las actuaciones del Estado Colombiano se apeguen a
las Normas internas y externas que se ha comprometido a respetar y
que se inicien las investigaciones a que haya lugar por el
desconocimiento de las mismas.
COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS DE LA MESA
NACIONAL AGROPECUARIA Y POPULAR DE INTERLOCUCIÒN
Y ACUERDOS – MIA
19 DE SEPTIEMBRE DE 2013